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Periodista itapuense denunció a intendente por amenaza de muerte

En entrevista con el sitio Más Encarnación, el periodista televisivo Fernando Sotelo denunció que recibió una amenaza de muerte de parte del intendente colorado de la localidad de Jesús de Tavarangue (departamento de Itapúa), Hernán Schlender. Sotelo señaló que recibió una llamada telefónica del intendente en que lo amenazó en caso de que publicara las supuestas irregularidades en su gestión detectadas por una auditoría de la Contraloría General de la República.

El comunicador manifestó que fue invitado por la Junta Municipal para la cobertura de una sesión del legislativo comunal en la que el asesor jurídico presentó el informe preliminar de la Contraloría.  Luego de llegar a su vivienda ubicada en el vecino distrito de Hohenau, refirió que recibió una llamada del jefe comunal en que le preguntó qué hacía en “su distrito”. El intendente le habría dicho que los resultados de la auditoría eran falsos y que no publique nada al respecto.

“Me dijo que si yo llego a publicar algo que no entre más en el distrito de Jesús. De lo contrario, si vuelvo a ingresar a ‘mi distrito’, decía él, no iba a salir bien y que iba a terminar muy mal”, declaró en entrevista con el medio itapuense. Detalló que ya presentó una denuncia ante la Comisaría 12 de Hohenau  y que el caso ya estaba a cargo de la fiscala zonal Angelina Arriola.

Al ser consultado por la prensa respecto a la denuncia del trabajador de prensa, Schlender reconoció que llamó al periodista con el solo fin de preguntarle qué hacía por la zona, pero que en ningún  momento lanzó amenaza alguna y negó que existan irregularidades en su gestión.

La legislación paraguaya tipifica la amenaza como un hecho de acción penal privada, por lo que en la generalidad de los casos las denuncias no son tomadas ni investigadas de oficio hasta tanto no se hayan concretado a través de algún tipo de ataque o incluso el asesinato. Las trabas para la recepción de las denuncias, los procesos judiciales engorrosos, las costas y la baja expectativa de pena –de hasta un año o multa– provoca que los casos de amenaza raramente lleguen a la justicia hasta tanto no se hayan ejecutado.

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