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No todo fue un carnaval para trabajadores del Canal 9

La falta de un marco normativo que sancione la discriminación propicia el trato degradante hacia sectores u ocupaciones considerados como de “menor rango” o “jerarquía”.

Trabajadores de Canal 9 denunciaron que durante la cobertura del Carnaval de Encarnación el pasado fin de semana los directivos de la teledifusora alquilaron para los camarógrafos, sonidistas y asistentes una casa abandonada que se encontraba en pésimas condiciones.

Tras la caída de una fuerte lluvia durante la madrugada del domingo, las instalaciones quedaron totalmente anegadas por la cantidad de goteras. Los pocos colchones disponibles quedaron mojados y los operadores debieron procurarse algún rincón seco en el piso para poder descansar al menos unos minutos.

Una persona incluso fue picada por una araña, según la denuncia, por lo que algunos prefirieron salir a la vereda a descansar y esperar que amanezca ante la cantidad de alimañas que infestaban la vetusta edificación. Mientras, los productores y otros profesionales de más “alto rango” se hospedaron en hoteles de lujo, añaden.

Este tipo de prácticas discriminatorias son comunes tanto en la función pública como en las empresas privadas. Bajo el pretexto de que se buscaría legalizar el matrimonio gay y la adopción de parte de parejas homosexuales, la Ley contra toda forma de discriminación ha sido sistemáticamente frenada. Con esta normativa, este tipo de tratos discriminatorios serían pasibles de multas y otras sanciones.

Una publicación de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), plataforma de la cual el SPP forma parte, señala que el proyecto de ley contra toda forma de discriminación, también conocida como ley Julio Fretes, pretende reglamentar el artículo 46 de la Constitución Nacional, que consagró el derecho fundamental a la no discriminación en los siguientes términos: “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios”.

Con respecto al ámbito laboral, el proyecto legislativo garantiza el derecho a condiciones laborales justas, equitativas y satisfactorias y a la seguridad social. A este respecto el artículo 88 de la Constitución Nacional dispone:

En el artículo 6 define la discriminación como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se establezca por motivos de raza, color, linaje, origen nacional, origen étnico, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, incluida la afiliación a un partido o movimiento político, origen social, posición económica, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, nacimiento, filiación, estado de salud, discapacidad, aspecto físico o cualquier otra condición social, que tenga por propósito o resultado menoscabar, impedir o anular el reconocimiento, disfrute o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos, libertades y garantías reconocidos a todas las personas en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la República del Paraguay o en la legislación nacional, así como en cualquier otra esfera de la vida pública”.

La Codehupy explica que entre los actos discriminatorios en el ámbito laboral prohibidos por la ley, el artículo 8 menciona la restricción de la oferta de trabajo y empleo, el acceso, permanencia y ascenso en el mismo, así como la libre elección de empleo, las diferencias en la remuneración, viáticos, comisiones, capacitaciones laborales, prestaciones sociales y en las condiciones laborales para trabajos iguales o de igual valor, duración y eficacia. Así también se prohíben las restricciones o privilegios sobre la base de la afiliación o pertenencia a un partido o movimiento político para el nombramiento o contratación, ascenso, cesantía y/o remoción en la función pública, respecto de cualquier cargo no electivo presupuestado en la administración pública.

El reporte detalla que el órgano de aplicación de la ley será el Ministerio de Justicia y algunas de las sanciones establecidas para las personas o establecimientos que infrinjan la norma es la imposición de medidas de cumplimiento obligatorio encaminadas a eliminar los factores que propicien o mantengan una situación de discriminación de facto denunciada y la imposición de una multa de veinte (20) jornales, como mínimo, hasta un máximo de quinientos (500) jornales mínimos, según la gravedad y extensión del hecho denunciado, el beneficio pecuniario obtenido por el infractor, la situación económica del mismo y la reincidencia del acto. En todos los casos se prevén procesos de conciliación, que incluyen pedido de disculpas y acciones encaminadas a la restitución de la víctima de la discriminación en sus derechos conculcados.

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