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Medios del grupo Cartes violan el derecho constitucional a la libertad de expresión

La censura, la persecución y el despido de periodistas críticos e independientes son moneda corriente en los medios de comunicación, cuyos propietarios alegan el derecho de contratar y despedir a los empleados de acuerdo a sus necesidades. Cuando las denuncias se hacen públicas, los pregoneros de la servidumbre vociferan que los empresarios pueden hacer lo que quieren en sus empresas.

No obstante, desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) recordamos e insistimos en que la información es un bien cuyo titular es el público y no una propiedad de las empresas de tal suerte que puedan atribuirse la prerrogativa de retacear o cortar la circulación de informaciones u opiniones. De hecho, el espectro radioeléctrico es un patrimonio de la humanidad que solo es entregado de manera temporal a licenciatarios, en quienes la sociedad delega la administración de ese bien público que pertenece a toda la ciudadanía y a la humanidad en su conjunto. En directa violación de las leyes, las empresas detentan licencias de manera prácticamente vitalicia y disponiendo de ellas como si se tratara de una mercancía privada, todo ello con pleno aval de los funcionarios del Estado.

Por encima de todo el ordenamiento jurídico nacional, subrayemos lo que la Constitución Nacional dispone en su artículo 29, De la libertad de ejercicio del periodismo. “El ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa. Los periodistas de los medios masivos de comunicación social, en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información. El periodista columnista tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas, sin censura, en el medio en el cual trabaje. La dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad haciendo constar su disenso. Se reconoce al periodista el derecho de autoría sobre el producto de su trabajo intelectual, artístico o fotográfico, cualquiera sea su técnica, conforme con la ley”.

Este preludio viene a cuento de los últimos despidos realizados en la 970 AM (los periodistas Carlos Gómez, Rubén Montiel y Desirée Esquivel), propiedad del Grupo Cartes, así como la renuncia de Enrique Vargas Peña ante su negativa a acatar las órdenes de “bajar línea” a favor del gobierno de Horacio Cartes. Previamente ya le habían recortado una hora del programa que conduce, Tierra de nadie.

Desde el principio desde el SPP hemos rechazado las adquisiciones de conglomerados de prensa de parte del grupo empresarial del presidente Cartes, que en poco más de un año se hizo de una docena de medios a través de la figura de su hermana Sarah, quien había asegurado que las operaciones eran meramente comerciales y no pretendían constituirse en ningún apoyo político al gobierno de su hermano. Como de hecho cabía esperarse, la realidad es otra e incluso periodistas con larga trayectoria en la radio, como Vargas Peña, reciben las presiones de alinearse al discurso gubernamental.

El gobierno de Cartes hace gala una vez más de su carácter autoritario, su desprecio a los principios democráticos y la intolerancia al disenso. El grupo empresarial está utilizando todo el aparato mediático construido hace poco más de un año, además de los medios públicos, con fines propagandísticos y buscando crear una opinión pública favorable a su proyecto político y económico, que es aviesamente contrario a los intereses de la gran mayoría de los paraguayos y paraguayas.

La concentración del poder mediático en manos de la persona que ocupa el principal cargo de poder político de la República, a la vez que detenta un elevado poder económico, es una agresión directa sobre nuestra de por sí frágil democracia. Este hecho se confirma diariamente cuando el gobierno mediante sus voceros políticos y sus medios de comunicación criminalizan a la oposición social y política, al mismo tiempo que hostigan, agreden y espían a los trabajadores de prensa que no responden a la línea de gobierno.

Expresamos nuestra plena solidaridad con los compañeros y compañeras que trabajan en los medios que fueron comprados por el Grupo Cartes, que sufren los ataques del grupo empresarial-presidencial en su afán de acallar las voces de los que se niegan a ser simples escribas a sueldo y siguen luchando por ejercer un periodismo profesional y comprometido con la verdad. La forma en que se manifiestan los voceros del presidente, los despidos y las censuras contra los que no comulgan con el pensamiento oficial nos muestran que el derecho a la libertad de expresión, y por ende la democracia misma, se encuentra seriamente amenazada por este gobierno con clara vocación totalitaria.

Foto: @enriquevp

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