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La mafia sigue atacando con impunidad a la prensa

Durante la noche de este viernes 9 de setiembre la sede de la Radio Amambay, de Pedro Juan Caballero, sufrió un ataque con artefactos explosivos, que dejó heridos a una periodista y a un invitado que estaba participando de la emisión en el momento en que se produjo el ataque. Previamente, en la vereda de la radio fue depositada una bolsa con un proyectil de similares características al usado para el asesinato del narco brasileño Jorge Rafaat con el mensaje de que “los próximos serán ustedes”.

La radio es propiedad del presidente del Congreso, el opositor liberal Roberto Acevedo, quien se encuentra en disputa con otros políticos de la zona, entre ellos el gobernador del Amambay, el también liberal Pedro González. Ambos se acusan mutuamente de mantener vínculos con el narcotráfico. Fausto Alcaraz, asesinado en mayo de 2014, trabajaba en la misma radio y habría sido víctima del narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão a raíz de la difusión de noticias sobre la intervención de autoridades a favor del líder del Primer Comando de la Capital en nuestro país para evitar su extradición al Brasil.

Además del hecho claramente irregular de que políticos sean beneficiados con la concesión de licencias de radio, los trabajadores de prensa quedan expuestos al fuego cruzado de la disputa entre facciones opuestas, que luchan por mantener el liderazgo regional, el control territorial e incluso los corredores del comercio ilegal en una zona fronteriza con intensa actividad del narcotráfico. Recordemos que en 2010 el senador Acevedo ya había sido víctima de un atentado del que resultó ileso, pero donde murieron sus custodios.

Al tiempo de expresar nuestro repudio ante este hecho manifestamos nuestra solidaridad a los colegas que trabajan en la radio, cuyas vidas corren peligro a raíz de los conflictos que mantiene el propietario con grupos antagónicos de la política y el crimen organizado. El propio legislador reconoció este hecho al desafiar a los atacantes a que lo maten directamente a él sin involucrar a personas ajenas al conflicto, en referencia a los trabajadores de la radio que resultaron heridos.

Este último episodio se suma a otros graves ataques recientes como el atentado contra el diario La Jornada de Ciudad del Este, ocurrido apenas un día antes, el intento de asesinato contra el comunicador Mario Dante en Itapúa así como la persecución contra trabajadores de prensa sindicalizados en los medios públicos y privados. De esta manera se configura un cuadro de situación que nos lleva a afirmar que este es el peor momento para el ejercicio del periodismo desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989.

El ministro del Interior, Francisco de Vargas, es el principal responsable político de esta situación, pero el funcionario prefiere no asumir sus obligaciones culpando a la oposición y a supuestos intentos desestabilizadores ante cualquier hecho que ponga en tela de juicio su falta de gestión y su patente impericia en materia de seguridad pública. Una vez más este sábado De Vargas prefirió mirar a otra parte negándose a recibir y entrevistarse con una delegación del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) que visitó la cartera de Estado con el fin de exigir que se tomen medidas para frenar la escalada de violencia contra periodistas.

Finalmente, denunciamos una vez más que la narcopolítica instalada en las altas esferas gubernamentales es la principal causa del deterioro de las garantías para ejercer la libertad de expresión. En sintonía con el crimen organizado, los agentes del Estado, principalmente policías, participan activamente de los ataques y agresiones contra comunicadores. Además, mientras la inteligencia policial y militar se dedica a espiar a periodistas e infiltrar manifestaciones estudiantiles, los grupos criminales imponen su regla en zonas donde en nombre de la seguridad nacional se han desplegado militares, cuya única acción tangible es el amedrentamiento y la extorsión a la población civil, víctima al mismo tiempo de las fuerzas públicas y de los grupos armados ilegales.

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