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Propietarios de medios, principales violadores de la libertad de expresión

Tras 14 años de ejercer labores en el diario ABC Color, el periodista Eduardo Quintana presentó su renuncia el pasado miércoles presionado por el clima de persecución, precarización laboral y hostigamiento de la patronal, que lo amenazó con que si no renunciaba ya no le darían ningún espacio en el diario y quedaría en el “freezer”.

“Algo básico para el periodismo, que es la libertad de expresión, yo ya no lo tengo en el diario ABC desde algunos meses. Sin libertad yo no puedo trabajar. Es imposible. ABC no se está ajustando a las reglas del juego democrático. Todos los medios critican, investigan corrupción y autoritarismo, abusos de poder de parte de las fuerzas públicas y de ‘representantes’ del  pueblo, pero no quieren hacer autoanálisis, no quieren hacer autocrítica y eso es un error fatal”, afirmó Quintana.

Además de la presión de los agentes del Estado y de los elementos del crimen organizado, la principal amenaza a la libertad de expresión y al trabajo de los periodistas es la presión que ejercen los propietarios de medios. De manera cotidiana los periodistas sufren la censura y la autocensura cuando se trata de asuntos que afectan a sus patrones, en especial temas referentes a la política y la economía.

Estos casos no son excepcionales, sino por el contrario muy frecuentes, pues los dueños de medios también son propietarios de grandes conglomerados comerciales que en su conjunto abarcan todos los sectores de la economía, incluso los ilegales. Como ejemplo basta mencionar los numerosos casos de contrabando que salpican al empresario AJ Vierci o el tráfico ilegal de cigarrillos que involucran permanentemente a la tabacalera del presidente Horacio Cartes, dueño de una docena de medios de comunicación. El mismo propietario de ABC Color, Aldo Zuccolillo, es conocido por utilizar su medio como un instrumento de extorsión y donde emprende vehementes campañas a fin de direccionar las acciones del Estado de acuerdo a su conveniencia comercial.

Desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) recordamos a las patronales que la información es un bien cuyo titular es el público, por lo que no pueden violar la libertad de expresión de los periodistas y el derecho a la información de las audiencias basados en su solo interés particular o amparados en los derechos de decidir de acuerdo a su conveniencia la administración interna de sus empresas.

Instamos a los empresarios de la comunicación a ceñir su conducta a los principios democráticos y a respetar las garantías consagradas en la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de los periodistas de expresar libremente sus opiniones en los medios donde trabajan. Asimismo, esperamos que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) vele por el cumplimiento de la legislación laboral y del derecho a la sindicalización, pues este caso en particular, además de la violación de la libertad de expresión, se trata de una represalia por la actividad gremial de Quintana, quien era delegado sindical y encabezaba una campaña de los trabajadores del medio en reclamo de mejores condiciones laborales y un aumento salarial.

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