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¿Los dueños de medios son dueños de la información?

Por Paulo López

El despido de los periodistas Desirée Esquivel y Rubén Montiel de la radio 970 AM, propiedad del Grupo Cartes, por realizar comentarios críticos al gobierno en sus cuentas personales de Facebook y Twitter, ha puesto en entredicho una vez más la verdadera vigencia de las garantías de la libertad de expresión de las que deben gozar los periodistas para ejercer su labor. El hecho ha generado un enardecido intercambio en los foros virtuales con opiniones divididas entre quienes criticaron y quienes avalaron la decisión de la empresa.

Por un lado, se presenta el problema de la concentración de medios de parte del poder político y el propósito cada vez más explícito –por si faltara alguna comprobación adicional– sobre cuál fue la intención del grupo Cartes para irrumpir agresivamente en el sector comunicacional con la compra de al menos una docena de medios.  Por otro lado, se alegan los principios de la libertad de empresa y el derecho de la patronal de contratar y despedir al personal de acuerdo a sus conveniencias, siempre que se actúe de acuerdo a las disposiciones legales que rigen en la materia como las indemnizaciones por despido injustificado.

De nuestra parte consideramos conveniente repasar lo que dispone la Constitución Nacional sobre los principios de la libertad de expresión, que contempla limitaciones respecto no solo a la intervención del Estado en la difusión de opiniones, sino de los mismos propietarios de medios. La Carta Magna prescribe que estos deben abstenerse de censurar la opinión de los periodistas debiendo, en todo caso, hacer constar su desacuerdo cuando así lo consideren pertinente.

El artículo 29, De la libertad de ejercicio del periodismo, señala que “el ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa. Los periodistas de los medios masivos de comunicación social, en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información. El periodista columnista tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas, sin censura, en el medio en el cual trabaje. La dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad haciendo constar su disenso. Se reconoce al periodista el derecho de autoría sobre el producto de su trabajo intelectual, artístico o fotográfico, cualquiera sea su técnica, conforme con la ley”.

Sin embargo, en transgresión de este principio constitucional, las opiniones de los periodistas que resultan incómodas o inconvenientes a los propietarios de medios no son a menudo publicadas bajo el pretexto de que “este es mi diario (o mi radio o mi canal) y yo hago lo que quiero”. En el proceder de los directivos de la 970 AM la situación es más grave aún, pues se castigó la expresión de una opinión vertida en una plataforma ajena a la del medio, en este caso las cuentas personales en las redes sociales de los comunicadores. Esto a su vez viola otra disposición constitucional. En su artículo 26, De la libertad de expresión y de prensa, la máxima ley de la nación garantiza que toda persona tiene derecho a procesar, generar y difundir información a través de “cualquier instrumento lícito y apto” para ese objetivo.

“Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa. Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines”, expresa el artículo constitucional.

Es preciso poner de relieve que estas vulneraciones socaban no solo el derecho a la libertad de expresión de los periodistas, sino también el derecho a la información de toda la sociedad. La omisión de contenidos priva a la ciudadanía de recibir información y opinión plural, que reflejen una multiplicidad de puntos de vista y no solo la mirada de un determinado medio, condicionado por múltiples factores como la publicidad, el mercado, la política y los intereses económicos de los propietarios.

Si estas arbitrariedades son moneda corriente en los medios privados, la discrecionalidad es aún mayor en los medios públicos, que no son asumidos como tales e incluso se ha normalizado que funcionen como meros voceros gubernamentales. Sin embargo, el artículo 31 de la Constitución Nacional, “De los medios masivos de comunicación social del Estado”, manda que debe “garantizarse el acceso democrático y pluralista a los mismos de todos los sectores sociales y políticos, en igualdad de oportunidades”. Por el contrario, además de sus medios privados, Cartes también ha reducido a los medios públicos a ser órganos de propaganda de su gobierno levantando programas y despidiendo a periodistas críticos.

Cabe subrayar que en una democracia la soberanía reside en el pueblo, que a través de los sistemas de representación delega el ejercicio del poder en funcionarios electos. De la misma manera, los medios de comunicación no son titulares de la información, sino mediadores que se supone deben ser neutrales en la administración de ese bien público que pertenece a todos los ciudadanos.

Los medios no son una fábrica más como cualquier otra dedicada a producir artículos de uso y consumo, necesarios o superfluos para la vida cotidiana. Su principal insumo –la información– es un bien de carácter público, por lo que en su manejo el interés particular no debe primar sobre el interés general. A más de ello, si la libertad de expresión es un derecho de todos los ciudadanos, para los periodistas y los medios no solo constituye un derecho, sino un deber y una obligación con la sociedad: el deber y la obligación de informar.

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